El Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha visto obligado a reforzar la ley sobre la violencia de género, pues esta no cesa y las asesinadas en 2006 sobrepasaron con creces  las del año precedente.

 

Tan cruel y horroroso como el asesinato de mujeres es la creciente ola de maltrato físico o psicológico que afecta a una cantidad de personas difícil de cuantificar, pues una gran mayoría no pone denuncias por temor o vergüenza.

 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de diciembre un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, que incluye más de una veintena de medidas específicas para intentar atajar el creciente problema, insólito en una sociedad ilustrada.

 

Increíblemente, las autoridades han tenido que recurrir a un método aplicado generalmente a convictos en libertad provisional, como son los dispositivos (pulseras) de seguimiento y vigilancia que los enjuiciados por maltrato, sentenciados a mantenerse lejos de sus víctimas, deberán usar obligatoriamente.

 

Entre las 20 medidas está prevista además, la creación de más juzgados especializados y de protocolos sanitarios para detectar el maltrato, diversos programas de rehabilitación de maltratadores para evitar su ingreso en prisión, e incremento de la protección judicial.

 

Pero quizás lo más importante es lo que el Gobierno denomina “fomento de sensibilización social”. El plan incluye la asignación de 222 agentes más de Policía y Guardia Civil en 2007 dedicados a la lucha contra estos crímenes.

 

Además, la creación de 42 juzgados exclusivos más, asistencia letrada gratuita las 24 horas del día a las víctimas, teléfono único y gratuito de información y atención a las afectadas, aplicación de un protocolo de atención sanitaria en todos los centros de salud para detectar casos de violencia de género. A ello se agrega el lanzamiento de planes concertados con empresas para dar empleo a las mujeres amenazadas y maltratadas.

 

Los médicos apoyarán esos planes, sobre todo los de atención primaria: cuando estimen que una paciente sufre violencia a manos de su pareja o ex pareja, incluirán esa sospecha en su historia clínica, de carácter confidencial.

 

La idea es que esa anotación pueda servir como prueba ante el juez de que, efectivamente, una mujer ha sido maltratada físicamente. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas dan los toques finales a ese "Protocolo Común", como ha sido bautizado.

 

El objetivo de dicho protocolo es mejorar la detección del maltrato y la atención sanitaria que reciben las mujeres que padecen violencia doméstica. La iniciativa se debe a la Comisión contra la Violencia de Género, un grupo de trabajo creado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

 

Lo importante del dispositivo es que traza las pautas de actuación en los casos de violencia específica contra las mujeres, no sólo para la atención y seguimiento de hechos agudos, sino también para la prevención y detección precoz de la violencia.

 

El nuevo protocolo, que uniforma la pauta a nivel del Estado, se ciñe a la atención de los profesionales sanitarios ante cualquier caso de violencia que sufran las mujeres a partir de los 14 años, al margen de quien sea el agresor, pero se centra especialmente en la violencia familiar y de pareja. Esto último responde a que son estas las formas de violencia de género más comunes en España. También incluye un capítulo sobre agresiones sexuales.

 

El texto señala que las mujeres maltratadas acuden con más frecuencia al policlínico o ambulatorio que el resto de la población, pero no suelen manifestar ni hablar de su situación de forma espontánea, especialmente cuando no hay lesiones físicas a la vista.

 

Al parecer, es en la atención primaria donde se dan las condiciones más favorables para detectar a las mujeres en situación de violencia, así como de prevenir y frenar las consecuencias del maltrato en la salud y el bienestar de la mujer.

 

Sin embargo, el personal sanitario debe informar a las autoridades sólo cuando el maltrato es confirmado, e incluso se propone un modelo único de parte de lesiones y de informe médico, además de prever que se puedan adjuntar fotos de la golpeadura.

 

Sin aplicar aún esos protocolos, la violencia machista le cuesta al Estado español 2.400 millones de euros al año, según las autoridades nacionales. Ese monto cubre el gasto sanitario, judicial, policial y las ausencias laborales, entre otros factores.

 

El protocolo sanitario también toma en consideración el bienestar de las mujeres y de sus hijos, a corto, medio y largo plazos, en razón de que las agresiones físicas acarrean otros problemas como el dolor crónico de cuello o espalda, trastornos gastrointestinales, digestivos y ginecológicos.

 

Igualmente provocan síntomas neurológicos recurrentes, como jaquecas o migrañas, síntomas depresivos, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, baja autoestima e ideación suicida. Ese estado de ánimo se puede transmitir a los hijos, por lo que la violencia puede llegar a tener importantes consecuencias en la salud y bienestar de los niños, pudiendo llegar a alterar su desarrollo integral o sus procesos de aprendizaje y socialización, entre otros, según el documento.

 

"En todos los casos de maltrato a la mujer por parte de su pareja o ex pareja, es preciso conocer si los hijos o hijas son también víctimas de violencia y o las consecuencias de crecer en un ambiente de violencia", señala el texto.

 

La Secretaría Federal de Igualdad del PSOE, Maribel Montaño, considera que las medidas urgentes y el Plan de Prevención y Sensibilización suponen la movilización social contra el agresor del maltrato.

 

Con el Plan, afirmó, queremos dar poder a las mujeres frente a un fenómeno social muy complejo, ya que es el único delito en el que la víctima se siente culpable y en muchas ocasiones no denuncia.

 

La aprobación del Plan de Sensibilización marca la etapa final de la puesta en marcha de todos los mecanismos de la Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada por el Gobierno de Zapatero. Está ahora por determinar su efectividad.

 

Sintomáticamente, el día de su aprobación murió una mujer acuchillada por su esposo. La número 64 en 2006.

 

(*El autor es corresponsal de Prensa Latina en España)